El escándalo por ciberespionaje que sacude a los Gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido contrapone los valores de privacidad versus seguridad. La población, los políticos y la prensa han reaccionado alarmados ante la evidencia de que los gobiernos irrumpen en las comunicaciones telefónicas y de internet de millones de personas vulnerando su derecho a la privacidad.
Las autoridades cuestionadas tratan de justificar el ciberespionaje argumentando cuestiones de seguridad y lucha contra el terrorismo. Incluso señalan que lo hacen “previa autorización judicial” y que su accionar es “legal”.
El 10 de mayo, el Departamento de Justicia le contó a la agencia The Associated Press que algunos agentes habían obtenido el registro de las llamadas telefónicas de los celulares, de las casas y de las oficinas de sus editores y periodistas. La pasada semana, dos diarios publicaron que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tienen acceso a millones de registros telefónicos del operador de telecomunicaciones Verizon. También revelaron el funcionamiento de un programa secreto conocido como PRISM, que permite a la NSA un acceso rápido a correos electrónicos, fotografías y vídeos alojados en los servidores de las nueve principales compañías de internet del mundo, incluidas Google, Facebook, Microsoft y Apple, para espiar contactos en el extranjero de “sospechosos de terrorismo”. Las empresas han señalado que no autorizaron el acceso gubernamental a sus bases de datos. La NSA usa además el programa de datamining (explotación de datos) para procesar datos y determinar el origen de la información que vigila.
Por otra parte, está el programa secreto llamado Boundless Informant que clasifica por características la información que recopila la NSA, no el contenido, y mantiene un registro de qué países son el principal objetivo del espionaje digital estadounidense.
La NSA recopiló cerca de 3.000 millones de piezas de información de computadores estadounidenses en marzo pasado, pese a que el área de acción de esa agencia está orientada principalmente al ciberespionaje en el exterior. Sin embargo, la obtención de los registros telefónicos de estadounidenses, que incluyen números de teléfono, duración de llamadas o localización, no ha servido para detener ningún complot terrorista.
Lo que se conoce hasta ahora es apenas la punta del iceberg.
La NSA fue creada en 1952 y mantuvo su existencia en secreto por 20 años. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, consiguió poderes más amplios para controlar las comunicaciones.
Cuenta con 37 mil empleados civiles y militares, un millonario presupuesto y prevé la próxima apertura un complejo en el desierto de Utah que le permitirá procesar y almacenar una cantidad de datos más de cinco veces superior a todo el tráfico anual de internet a nivel mundial.
Esa política de control y del secretismo de las acciones del Gobierno estadounidense se contrapone a las ofertas electorales del presidente Barak Obama, que ofreció mayor transparencia y respeto a los valores democráticos y derechos humanos.
El responsable de la NSA ha advertido que la "explosión mediática" del ciberespionaje tiene un "doble filo" y pese a promover la transparencia, permite a los "adversarios" de Estados Unidos conocer cómo evitar el hasta ahora discreto espionaje digital.
La privacidad de las personas es un derecho que no debe ser vulnerado por los gobiernos del propio país y menos del de Estados Unidos espiando a ciudadanos de otras naciones. El espionaje indiscriminado es intolerable y no puede escudarse en la seguridad de un país y el mantenimiento de su democracia. Los gobiernos de los países afectados, entre ellos Bolivia, tienen que pronunciarse.
Las autoridades cuestionadas tratan de justificar el ciberespionaje argumentando cuestiones de seguridad y lucha contra el terrorismo. Incluso señalan que lo hacen “previa autorización judicial” y que su accionar es “legal”.
El 10 de mayo, el Departamento de Justicia le contó a la agencia The Associated Press que algunos agentes habían obtenido el registro de las llamadas telefónicas de los celulares, de las casas y de las oficinas de sus editores y periodistas. La pasada semana, dos diarios publicaron que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tienen acceso a millones de registros telefónicos del operador de telecomunicaciones Verizon. También revelaron el funcionamiento de un programa secreto conocido como PRISM, que permite a la NSA un acceso rápido a correos electrónicos, fotografías y vídeos alojados en los servidores de las nueve principales compañías de internet del mundo, incluidas Google, Facebook, Microsoft y Apple, para espiar contactos en el extranjero de “sospechosos de terrorismo”. Las empresas han señalado que no autorizaron el acceso gubernamental a sus bases de datos. La NSA usa además el programa de datamining (explotación de datos) para procesar datos y determinar el origen de la información que vigila.
Por otra parte, está el programa secreto llamado Boundless Informant que clasifica por características la información que recopila la NSA, no el contenido, y mantiene un registro de qué países son el principal objetivo del espionaje digital estadounidense.
La NSA recopiló cerca de 3.000 millones de piezas de información de computadores estadounidenses en marzo pasado, pese a que el área de acción de esa agencia está orientada principalmente al ciberespionaje en el exterior. Sin embargo, la obtención de los registros telefónicos de estadounidenses, que incluyen números de teléfono, duración de llamadas o localización, no ha servido para detener ningún complot terrorista.
Lo que se conoce hasta ahora es apenas la punta del iceberg.
La NSA fue creada en 1952 y mantuvo su existencia en secreto por 20 años. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, consiguió poderes más amplios para controlar las comunicaciones.
Cuenta con 37 mil empleados civiles y militares, un millonario presupuesto y prevé la próxima apertura un complejo en el desierto de Utah que le permitirá procesar y almacenar una cantidad de datos más de cinco veces superior a todo el tráfico anual de internet a nivel mundial.
Esa política de control y del secretismo de las acciones del Gobierno estadounidense se contrapone a las ofertas electorales del presidente Barak Obama, que ofreció mayor transparencia y respeto a los valores democráticos y derechos humanos.
El responsable de la NSA ha advertido que la "explosión mediática" del ciberespionaje tiene un "doble filo" y pese a promover la transparencia, permite a los "adversarios" de Estados Unidos conocer cómo evitar el hasta ahora discreto espionaje digital.
La privacidad de las personas es un derecho que no debe ser vulnerado por los gobiernos del propio país y menos del de Estados Unidos espiando a ciudadanos de otras naciones. El espionaje indiscriminado es intolerable y no puede escudarse en la seguridad de un país y el mantenimiento de su democracia. Los gobiernos de los países afectados, entre ellos Bolivia, tienen que pronunciarse.
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